La importancia de la Ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Los DESC: exigibles y justiciables

 

[1]Por Mayra López Pineda y Lucía Guadalupe Chávez Vargas

 

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son un conjunto de derechos humanos que están vinculados a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y estrechamente relacionados con la dignidad humana. Se refieren a aspectos como el derecho al trabajo y seguridad social, la alimentación, la salud, la vivienda, el agua, la educación y la cultura. Asimismo, constituyen ciertas obligaciones que los Estados deben cumplir, como son los deberes de respetar, proteger y garantizar, así como el deber de utilizar “hasta el máximo de sus recursos” para garantizar el goce de estos derechos y la prohibición de adoptar “medidas regresivas” que los obstaculicen.[2]

Algunos de estos derechos económicos, sociales y culturales se encuentran incorporados en nuestra Constitución de forma expresa; de otros su obligatoriedad y exigibilidad se desprende de tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado y ratificado, como es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). El PIDESC es un instrumento internacional que el Estado mexicano firmó y ratificó en 1981.

El PIDESC reconoce que los DESC derivan de la dignidad inherente a la persona humana y que “(…)no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales (…)”[3], con lo cual se confirma la indivisibilidad e interdependencia entre los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos. Tomando en cuenta esa indivisibilidad, se puede sostener que una violación a un derecho económico, social y cultural, por lo regular trae aparejada la violación a un derecho civil y político.

En el año de 1985, el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas estableció el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) en virtud de la resolución 1985/17. Este Comité es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del PIDESC de los estados que son parte de dicho instrumento. Sobre la realización de los DESC, el Comité ha señalado que los Estados Partes del PIDESC deben avanzar hacia el objetivo de alcan­zar la plena realización de los DESC en un plazo razonablemente breve; ya sea mediante la promulgación de leyes, la provisión de recursos judiciales, el reconocimien­to de tales derechos en la Constitución, así como otras medidas apropiadas de carácter administrativas, financieras, educativas, etc. Así mismo, los Estados, en sus informes periódicos sometidos al Comité, en virtud de la parte IV del PIDESC, deberán demostrar que las medidas que llevan a cabo son las adecuadas para la plena realización de los DESC. ­

El Protocolo Facultativo del PIDESC (PF-PIDESC) es un tratado internacional adicional al PIDESC, que instaura un mecanismo para que personas, grupos o comunidades puedan presentar denuncias a los Estados por las violaciones a los derechos enunciados por el Pacto. Los Estados que ratifiquen el PFPIDESC reconocen la competencia del Comité DESC, órgano de vigilancia del PIDESC, para recibir y examinar comunicaciones sobre violaciones a los DESC.

Este instrumento internacional implicó un proceso de más de 10 años para su conformación, hasta lograr su adopción por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2008.  La importancia del PF-PIDESC radica en que es el primer instrumento a nivel internacional, que permitirá hacer exigibles y justiciables los DESC, ya que el Comité DESC además de examinar casos concretos de violaciones a estos derechos, podrá dictaminar en estos casos, recomendado reparaciones para que situaciones semejantes no vuelvan a repetirse en el futuro. También, podrá identificar y precisar las obligaciones de los Estados con respecto a estos derechos, mediante el desarrollo de jurisprudencia internacional y nacional para su protección

De acuerdo con el artículo 18 del PF-PIDESC, este instrumento entrará en vigor tres meses después de la fecha en que haya sido depositado en poder del Secretario General de la ONU el décimo ins­trumento de ratificación o adhesión. Es decir, que para que dicho Protocolo entre en vigor, necesitamos que 10 Estados lo ratifiquen. Hasta ahora sólo lo han hecho España, Mongolia y Ecuador. A pesar de que el Estado mexicano fue uno de los grandes impulsores del Protocolo, es preocupante que, por el momento, no lo ha firmado y ni ratificado.

Todo lo anterior, hace necesario exigir al Estado mexicano que firme y ratifique el PFPIDESC, y que impulse la ratificación de otros Estados para que dicho instrumento entre en vigor de manera pronta. Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en todo el mundo, impulsan campañas para exhortar a los gobiernos a que ratifiquen dicho Protocolo y reconozcan la Competencia del Comité. En México, organizaciones encabezadas por el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y. Culturales (Espacio DESC), impulsamos una “campaña a favor de la firma y ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” en la que a través de diversas acciones, como envío de cartas, difusión de los DESC a través de diversos mecanismos, entre otros, estamos impulsando que el gobierno mexicano firme y ratifique el PF-PIDESC.

Por otro lado, es importante mencionar que actualmente el Comité DESC, a través de sus expertos independientes, trabaja en la creación de las reglas de procedimiento a las que se tendrán que someter los particulares y los Estados al hacer uso de este mecanismo de denuncias a su entrada en vigor. Algunas de las principales preocupaciones que tenemos las OSC en relación con el contenido de las reglas de procedimiento se centran en temas como: el agotamiento de los recursos internos; la carga de la prueba en casos en que el Estado argumente que estos no se han agotado; la situación de que el denunciante debe encontrarse en una situación que revele una “clara desventaja”, así como la interpretación que el Comité DESC tendrá sobre esta frase.

Además, se encuentran otros temas como: la información y documentos a considerar por parte de los Comisionados al resolver una situación, que se vincula con el principio de equidad procesal que debe prevalecer entre los autores de las comunicaciones y el Estado, por ejemplo, la admisión de mecanismos de participación en el proceso a través de la figura del amicus curiae. Por último, interesa la implementación de medidas provisionales en casos que aún no son del conocimiento del Comité.


[1] Integrantes del grupo de trabajo para la Campaña por la firma y ratificación del PF-PIDESC del Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y. Culturales (Espacio DESC). Las organizaciones que integran este grupo son: Equipo Pueblo A.C., La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. y la Coalición Internacional para el Hábitat- América Latina (HIC-AL)

[2] Véase la Observación General núm.  3 del Comité DESC sobre “La índole de las Obligaciones de los Estados Partes”.

[3] Preámbulo del PIDESC.

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